¿Nos gobierna una banda criminal?

Artículo 570bis.1 párrafo segundo del Código Penal: “A los efectos de este código se entiende  por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.”

La INTERPOL considera crimen organizado a la agrupación que cumpla los cuatro requisitos siguientes[1]:

• Que el grupo lo formen más de tres personas.
• Que actúen durante largo tiempo.
• Que el delito que cometan sea grave.
• Que obtenga beneficios, poder o influencia.

Independientemente de los cuatro requisitos citados, INTERPOL considera que deben cumplir también al menos dos de los siguientes:

• Que en el seno del grupo haya reparto de tareas.
• Que tengan jerarquías y disciplina interna.
• Que sean internacionalmente activos.
• Que usen la violencia o la intimidación.
• Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades.
• Que participen en el blanqueo de dinero.
• Que sus actos se beneficien de la corrupción.

     A estas alturas de viaje no creo que mucha gente dude de que la corrupción dentro del partido en el Gobierno no es cosa de algunas “manzanas podridas” en el cesto, sino que claramente se trata de una red de personas organizadas para delinquir de modo sistemático. Así lo está demostrando la Justicia en los supuestos ya juzgados y en los que se tramitan actualmente. Enumerarlos todos y sus tramas relacionadas alargaría en exceso este escrito, así que dejo aquí un enlace del periódico El Diario que menciona más de sesenta casos en los que se encuentran envueltos los dirigentes del Partido Popular.

Se han encargado estos señores de modificar lenguajes jurídicos, introduciendo algunos eufemismos que suavicen la realidad Judicial, ahora ya no son “imputados” –término fuerte y mal grabado-, sino simplemente “investigados”; tampoco son ya “acusados” ahora son “encausados”.  También se hacen despidos en diferido y existen facturas falseadas, que no son punibles como las falsas de toda la vida. Pero por mucho que intenten disfrazar sus actos, lo cierto es que la mayoría –estoy convencida-, tenemos  la certeza de que gran parte de sus actividades supuestamente políticas y gubernativas, son un coladero y lavadero de dinero negro (malversado, apropiado indebidamente, etc.) y pago de favores, que ha sido destinado a financiar ilegalmente sus campañas electorales y al pago de  sobresueldos no declarados –o sueldos en sobre, ya que la palabra se presta al juego-.

¿Qué pasa con la ley?

     La cuestión planea sobre muchas cabezas desde hace tiempo: son unos cuantos los medios, personas y organizaciones que se están planteando la idea de que quizá estemos ante una presunta organización criminal y no ante un grupo político; y por tanto debemos habilitar mecanismos legales para que, al igual que existe regulación respecto a las personas jurídicas, puedan ser éstos disueltos por incurrir sus miembros en actividades delictivas y beneficiarse conjuntamente del producto del delito.

El pasado mes de abril, el grupo Compromís presentó en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal que contempla el castigo de los partidos que se beneficien de financiación ilegal, con la suspensión temporal de actividades o incluso la disolución de la organización. También propone la pena de inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con el sector público.

La proposición, que ha sido admitida a trámite en junio con el apoyo de la mayoría de fuerzas políticas menos PP, PNV, Bildu y PDeCAT que se han abstenido; pretende avanzar un paso más en la legislación actual, castigando no sólo a la persona física sino al partido en cuestión.

Typical Spanish

    Cada pueblo tiene sus peculiaridades, así como en el mundo anglosajón, por poner un ejemplo, una infidelidad conyugal le puede costar el puesto a un polítique –recordemos el caso Clinton-Lewinsky-, en el mundo latino casi le suma puntos, al menos si se trata de un político varón. Los pueblos de tradición católica son mucho más tolerantes con los deslices sexuales que los de tradición protestante. (Quizá porque el catolicismo no admite el divorcio y hay que dejar una válvula de salida.)

Pero centrándonos en el asunto de la corrupción en nuestro país, parece ser que para la moral de la sociedad española robar no está mal, no sólo no se condena suficientemente a les aprovechades y corruptes, sino que incluso se les[2] admira. Desde luego que estamos hablando de personas que mangan a espuertas, cuanto más mejor; que van bien vestidas, estiradas y  en coche con chófer, y no del raterillo de barrio. De qué otro modo podemos entender que el partido que ha demostrado mayor grado de corrupción siga en el poder y no haya visos de que vaya a sufrir una caída electoral de modo inminente.

Diversos son los motivos y explicaciones que se dan para tratar de entender este fenómeno: la tradicional picaresca española tantas veces reflejada en la literatura, el miedo a les poderoses, el pesimismo español: “Todos los políticos roban, da igual el partido”, la resignación cristiana, la falta de alternativas… En ocasiones oigo comentar que todes somos iguales: “Fíjate en ese que cobra el subsidio y además trabaja en negro .” “Fíjate en aquella que roba en el super.” Y sin embargo creo que hay una línea divisoria entre la necesidad y la ambición: quien cobra un subsidio de 426 €, difícilmente puede sobrevivir y mucho menos mantener una familia. La necesidad achucha para tratar de buscar recursos complementarios, no me parece que sea comparable a la corrupción de les polítiques. Pero algún fenómeno de identificación personal habrá cuando no repudiamos a aquelles que sustraen para sí lo que es del conjunto y además les[3] votamos masivamente.

Reflexión

     Tendremos que hacérnoslo mirar, tendremos que aplicarnos un poquito de autocrítica y ver qué pasa. ¿Por qué cualquier desalmado en la cúspide social nos parece más respetable que nuestra vecina? ¿Por qué admiramos tanto a personas de las que sabemos o sospechamos el sucio modo en que han acumulado su patrimonio? ¿Por qué depositamos la confianza en ellas?

Con la mano en el corazón, ¿alguien cree que les señores que están actualmente en el Gobierno van a hacer algo para que la riqueza llegue a les más desfavorecides?, ¿para fomentar la igualdad de oportunidades?, ¿para desarrollar unos servicios sociales de calidad y para todes…? Yo no. Es más, me alarma el grado de monstruosidad social que estamos consintiendo.

Quizás necesitemos un tipo de terapia psicosocial para revisar cuáles son nuestros modelos profundos, a quién admiramos, a quién seguimos y por qué. Quizás estemos enfermes o traumatizades como pueblo…, no sé.

Hace unos meses vi una pancarta con una frase que viene al caso, termino este artículo con él:  

UN PUEBLO QUE VOTA A CORRUPTOS NO ES VÍCTIMA SINO CÓMPLICE.

 

[1] Información publicada por el periódico Diario 16, en el artículo ¿Ilegalizar el PP?

[2] Les como neutro y no como leísmo.

[3] Idem